Recientemente, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha elaborado un nuevo informe para arrojar luz sobre problemas vinculados a la salud mental de la población de Argentina y, especialmente, en conexión con la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010. En esta oportunidad el foco del informe está puesto en los recursos económicos destinados a la atención en salud mental y su grado de concordancia con algunos de los principios establecidos en dicha ley.

A saber:

(a) asignar mayores recursos para la salud mental con la finalidad de alcanzar al 10% del presupuesto de salud general;
(b) financiar programas, dispositivos y servicios que contribuyan a la vida en la comunidad de quienes hubieran tenido largas estadías en hospitales psiquiátricos o mediante los cuales se podrían evitar internaciones;
(c) disminuir de forma progresiva las camas y luego cerrar los hospitales psiquiátricos junto con el desarrollo de opciones para el cuidado, apoyo y tratamiento de las personas externadas.

El informe de ACIJ es elocuente con respecto a la insuficiencia de recursos y, también, la escasez de inversión en alternativas a la internación psiquiátrica sumada a la marcada sub-ejecución presupuestaria entre 2016 y 2019. Sin embargo, es aún más elocuente respecto de otros problemas estructurales que el informe apenas roza:

(1) No hay un buen sistema de información que permita conocer la verdadera inversión pública en temas de salud mental;
(2) la Dirección Nacional de Salud Mental se ha desprendido prácticamente de todos los efectores de salud mental, cuenta con muy pocos servicios y programas que no hubieran pasado a otras jurisdicciones (por ejemplo, a la órbita de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y tiene una muy limitada capacidad de incidencia respecto de la planificación y de la atención en salud mental en el país;
(3) no hay modo de saber cuál es el porcentaje de la inversión en salud mental que se destina a los hospitales psiquiátricos (que se supone que debían cerrarse) y cuál el porcentaje destinado a otros efectores de la red de salud mental.

La información disponible y que toma en cuenta ACIJ es verdaderamente parcial y limitada. Por lo tanto, si bien sus conclusiones pueden intuirse como acertadas, deben tomarse con cautela. El análisis se basa en la inversión que realiza “el Ministerio de Salud (a través de la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del Programa 42), los dos hospitales monovalentes sujetos a la jurisdicción nacional (Colonia “Dr. Manuel A. Montes de Oca” y al Hospital Nacional en Red especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)”.

En base a esa información tiene poco sentido concluir que la mayor inversión en salud mental en el país se sigue haciendo en los hospitales psiquiátricos ya que la inversión desde el Estado nacional es ínfima comparada con lo que se invierte desde los organismos provinciales y municipales. Podría ser el caso que los otros organismos gubernamentales invirtieran proporcionalmente más en programas de inclusión social que en hospitales monovalentes y, en tal sentido, la proporción total fuera diferente a la concluida por ACIJ.

De todos modos, es cierto que otras informaciones son concurrentes con lo señalado por ACIJ y no hay discusión posible respecto de que:

(a) el objetivo de cerrar los hospitales no se cumplió;
(b) las medidas para facilitar las externaciones y evitar las internaciones fueron insuficientes;
(c) la inversión en salud mental sigue siendo escasa.

En base a estudios en los que participó Proyecto Suma se puede estimar que los hospitales generales han tenido complicaciones adicionales durante la pandemia para poder recibir pacientes y que las internaciones que se realizaron tendieron a concentrarse en los hospitales que, de acuerdo con la ley 26.657, se suponía que debían cerrarse. Los pacientes han evitado concurrir a hospitales en los cuales también se atendían pacientes con COVID-19, los servicios han tenido que reestructurarse para hacer lugar a una mayor afluencia de pacientes con COVID-19 y eso implicó reducir o cerrar salas de internación psiquiátrica en los hospitales generales, se redistribuyeron las tareas y el personal se vio afectado a tareas vinculadas al COVID-19, etc. En este sentido, el objetivo de priorizar los hospitales generales para realizar las internaciones por temas de salud mental se ha visto fuertemente cuestionado en estos tiempos de pandemia.

La inversión en salud mental está más pendiente que nunca y, particularmente, si consideramos que la pérdida de seres queridos a causa del coronavirus, la incertidumbre, el miedo, el aislamiento, la angustia, las dificultades económicas y la alteración de buena parte de las rutinas, anticipan mayores necesidades de cuidado de la salud mental. Y, la reasignación de los recursos para esta inversión nunca es fácilmente aceptable por el conjunto de trabajadores y por los destinatarios de estos recursos. Tal vez un buen inicio sea contar con mejor información desagregada para poder monitorear si verdaderamente la inversión en salud mental se dirige a la atención en la comunidad o sigue concentrada en las internaciones prolongadas en lugares cerrados y sin apuesta alguna por la mayor autonomía e inclusión posible de todas las personas.

Autor: Lic. Martín Agrest, coordinardor del Área Investigación de Proyecto Suma